En una gran cantidad de casos, el deber de abonar dichas coberturas corresponde a obras sociales y aseguradoras privadas. Contra dichas empresas se dirigen las demandas judiciales que la Fiscalía de Estado inicia.

El trabajo conjunto realizado entre Fiscalía de Estado e IPROSS hace varios meses concluyó en el dictado de una resolución que tiene como objetivo diagramar el mecanismo interno de la obra social para la recopilación de documentación y creación de legajos, que luego serán iniciados judicialmente por la Fiscalía de Estado, con el objetivo de recuperar los gastos realizados con fondos públicos.

En cumplimiento de sus funciones, el IPROSS invierte permanentemente importantísimos fondos públicos tendientes a garantizar el derecho a la salud de todos sus afiliados y afiliadas, y en muchos casos existen obras sociales y aseguradoras privadas que resultan ser las verdaderas responsables de dichas erogaciones.

Se trata de una política pública absolutamente necesaria, que busca la justa recomposición del erario público, pero fundamentalmente que dará herramientas a la obra social a prestar un mejor y mayor servicio.

Las autoridades de sendos organismos esperan obtener significativos ingresos, que posibilitarán continuar mejorando día a día los servicios que brinda IPROSS a sus afiliados y afiliadas, y de este modo, mejorar la salud de todos y todas las rionegrinas.