El gremio docente neuquino, ATEN, no solo decretó la responsabilidad del gobierno en la desaparición de Luciana Muñoz (denunciada el 16 de este mes), sino que protagonizó esa acusación cada día con mayor intensidad a medida que el caso se complica y no se esclarece, mientras, al mismo tiempo, sostiene paros y movilizaciones contra la Ley que dispone el pago de un adicional por asistencia a las aulas en el salario de los maestros.

La posición respecto de la desaparición de la joven terminó por llamar la atención de la política, y, particularmente, del gobierno neuquino. "Parece más bien una cuestión de oportunismo y presión para conseguir algún tipo de mesa de diálogo, que por ahora no estamos dispuestos a conceder", se dijo este lunes informalmente, mientras se discutía la cuestión.

En el Ejecutivo, esa presión acusadora del gremio con el caso de la joven desaparecida, no cayó para nada bien. Por un lado, se estima que se está haciendo todo lo posible y aún más, para encontrar a Luciana. El caso es de difícil esclarecimiento: fue denunciado tres días después de que se la viera por última vez, y esas horas tal vez han sido determinantes. El contexto también es complicado, pues tiene que ver con las adicciones y el narco menudeo. 

Por otro lado, hay una casi convicción en el gobierno de que el gremio busca opciones de presión distintas a las ya gastadas consignas contra la Ley de incentivo salarial, pues no han dado resultado.

De esta manera, se vincula la pelea sindical contra la Ley, con la desaparición de una persona, algo muy insólito, pero posible en el descarnado mundillo de las relaciones políticas. De hecho, es concreto que se le da crédito a la interpretación, y es parte de los cálculos que se hacen a la hora de diseñar estrategias en medio del indeseado aunque previsible conflicto.