Actualmente ambas distribuidoras eléctricas están en la jurisdicción nacional, por lo que son destinatarias de los subsidios federales, partidas del Tesoro Nacional e inversión en obras públicas en desmedro de las demás provincias.
El proyecto de Domingo fue acompañado por su compañero de bancada Luis Di Giácomo, y pone un plazo hasta el primer día del año que viene para efectuar el traspaso de jurisdicciones.
La delegación de facultades al ejecutivo nacional es considerada por los representantes rionegrinos la base de la arbitrariedad e injusticia del manejo centralizado de los recursos nacionales, que perjudica al interior y está expresamente prohibido en la Constitución reformada en 1994.
Los fundamentos del proyecto promueven la recuperación del federalismo de la República y señalan que CABA y PBA deben hacerse cargo de los servicios de estas distribuidoras, como sucede en todas las demás provincias.
La ubicación en la jurisdicción nacional de ambas compañías se remonta a 1958, medida adoptada en función del crecimiento de ambos distritos y la crisis que provocaba eso en el sistema energético.
“Como ocurre casi siempre en Argentina, ese atajo ocasional se volvió al poco tiempo permanente”, y el servicio que prestaba la estatal Segba pasó por decreto a ser “por tiempo indeterminado”, hasta que en la década del 90 la privatización de servicios federalizó la jurisdicción de las distribuidoras excepto para estas dos firmas.
Sólo la ciudad de La Plata presenta una diferencia, ya que desde 1992 la empresa EDELAP fue transferida a PBA.
En 2018 se intentó corregir esto con Edenor y Edesur por una ley del Congreso, pero de nuevo la realidad argentina regida por los grandes partidos nacionales llevó a su incumplimiento primero y derogación posterior.
La injerencia federal directa en actividades locales no sólo es irregular sino que además genera “una situación de grave inequidad entre los ciudadanos de la República”, afirma el proyecto.
Evalúa que por intereses electorales los gobiernos nacionales mantienen en CABA y PBA “tarifas artificialmente bajas a expensas del resto del país, que no logra compensar el peso decisivo del área metropolitana en las urnas”.
Como producto de ese incentivo inadecuado, el costo de los servicios de luz que pagan los usuarios del AMBA es notablemente inferior al que deben afrontar los del resto del país.
Compara como ejemplo la tarifa residencial de CABA de $ 1,7 por Kw con el de Río Negro, de $ 6,3.
“Esto implica un valor para Río Negro que es 3,7 veces superior al del AMBA”, sostiene, adjudicando la distorsión a la “arbitrariedad” gubernamental.