Hace solo unas horas, el diputado provincial (PRO), Marcelo Bermúdez, un aliado, hasta ahora, del gobierno de Rolando Figueroa, se reunió con funcionarios del Gabinete con el tema de las presentaciones de declaraciones juradas patrimoniales que "obligatoriamente" tienen que presentar quienes ocupan cargos políticos en el Estado.

La intención, anunciada por el propio Figueroa en la conferencia de prensa del viernes pasado, es avanzar en modificaciones al actual régimen, muy laxo, que permite por ejemplo que solo un pequeño grupo (de los miles de funcionarios en actividad) cumpla con esa exigencia, que hace a la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

"Solo unos 170 funcionarios, de un total de más de cinco mil, han cumplido con la presentación de la declaración jurada", le dijo a este periodista y a Lucy Pysny, este lunes, en radio Mitre, el diputado Bermúdez, para ejemplificar la laxitud existente actualmente en esa obligación, pues, entre otras cosas, permite que se viole la obligación sin penalización alguna.

La declaración jurada patrimonial debe ser presentada por los funcionarios con designación política al asumir cualquier cargo dentro del Estado. Está determinada por la Ley 5 de la provincia, que dice en sus dos primeros artículos lo siguiente: "Antes de asumir sus funciones los magistrados, funcionarios y empleados, comprendidos en la presente Ley, deberán formular declaración jurada de su patrimonio"; y que "Quedan incluidos en dicha obligación, el gobernador, vicegobernador, ministros del Poder Ejecutivo, legisladores y magistrados judiciales, así como los funcionarios y empleados de la Administración Pública, centralizada o descentralizada". 

En el artículo 6º de esa ley, se establece que "La omisión, simulación o falsedad sobre la verdadera situación patrimonial comprobada, hará pasible de exoneración a los empleados y funcionarios responsables". Sin embargo, este principio fundamental de la transparencia pública, no se ha aplicado, ni se aplica actualmente, de acuerdo con la preocupación oficial y la intención de modificar la Ley 5.

Bermúdez anticipó que muy posiblemente se vincule la declaración patrimonial con los datos de la ARCA (antes AFIP), y, particularmente, con el Impuesto a los Bienes Personales. Lo que se busca es que no haya falsedad en esa declaración, ocultando y distorsionando bienes existentes.

FUENTE: Mejor Informado